Convención de Asturias de Bioética

Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina

      (Consejo de Europa)              

                                   

LA CONVENCIÓN DE ASTURIAS DE BIOETICA

Recordatorio  y   comentarios   Marcelo Palacios

                            Proponente y Ponente de la Convención en el Consejo de Europa

               Presidente del Comité Científico de la SIBI.

                                                                                          I Congreso Mundial de Bioética 2000   Gijón

 1  Introducción

          La “Convención para la protección de los derechos del hombre y  de la dignidad  del ser humano en  relación con las  aplicaciones  de  la biología y  la  medicina” (subtítulo: Convención sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina)  abierta  a  la firma en  Oviedo (Principado de Asturias) el  día 4  de abril de 1997, que rubricaron 21 naciones  (Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,  Estonia, Finlandia, Francia,  Grecia,  Islandia, Italia, Suecia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Macedonia -antigua  República de Moldovia-,  Letonia,  Noruega, Portugal, Rumania, San  Marino, y Turquía) y vigente en España desde el 1.1.2000, es  un documento  del Consejo de Europa de aplicación  internacional y de  la mayor  relevancia, equiparado  a  la Declaración Universal de los Derechos  Humanos y considerado entre los cinco más importantes.    Tres de estos países (España, Portugal y San Marino) estuvieron representados por sus respectivos ministros de Sanidad y Salud. A la apertura de la firma, cuya ceremonia se celebró en el hotel de La Reconquista, asistieron también como observadores representantes de Bélgica, Chipre, Hungría, Polonia, Federación Rusa, Japón y Vaticano.   Firmaron  Chipre (1998) y Suiza,  Hungria, Polonia y  Croacia (1999).                                                

         En este  foro, y por  razones  fácilmente comprensibles en quien lo propuso y contribuyó intensamente a su formulación, no  me  adentraré demasiado en su texto,  así  que me ocuparé menos  del cómo es la Convención de Asturias que del por qué  de su gestación y algunos  avatares  de su  historia que seguramente les serán extraños; no obstante, como es lógico no faltarán ciertos comentarios a sus contenidos, dejando su  valoración jurídica o desde otras interpretaciones a  los expertos en la materia que participan en el Congreso con sus ponencias y comunicaciones o durante  los coloquios. 

         Procuro seguir la buena costumbre de no caer en referencias personales, pero en los asuntos que tratamos me será imposible omitir algunas, por lo que  acudo a  su  generosidad para  que las  tengan por  precisas  para   hilvanar  una síntesis sobre el curso de la Convención. En cambio, aludiré de soslayo a otras,  intentando   contribuir  a que la verdad no se convierta en un territorio mediatizado, aunque,  ocurriendo que  la memoria es olvidadiza y hasta voluble o interesada -como leemos o   escuchamos  a menudo- y  que  mis palabras no han de tomarse por inapelables, les remito a la documentación correspondiente como  referente de  objetividad.    

         No soy experto  en ética ni  en derecho, sociología, filosofía,  biología, etc. (y en cuanto a  mi profesión soy consciente de mis limitaciones), pero del intercambio con tales y otros especialistas en los pasados casi  veinte años, de mi propio  metabolismo intelectual y de la tarea política en distintos niveles algo  he ganado, y creo modestamente que he otorgado y aportado algo en la búsqueda de aproximaciones bioéticas o la consecución de las normas o bioleyes pertinentes. 

         Soy médico y fui parlamentario durante muchos años, pe-ro ante todo me considero un ciudadano preocupado por las incidencias de su tiempo,  particularidades  que deben exhalar  y exigir conductas e interpretaciones éticas, sin  duda  dispuestas a ser mejoradas o matizadas. En un escenario mundial en que políticos y científicos discrepan y se censuran  mutuamente, en que el individuo común o receptor -en definitiva el supuesto consumidor de bienes o usuario de servicios- puede entrar en conflicto con  la tarea  y el producto del individuo efector –profesional, político, industrial, etc.-, en lo que concierne a la bioética tales condiciones  personales engarzaron entre sí y con los demás, y lo siguen haciendo,   como un puente facilitador, aunque frágil, de la comprensión de determinadas disparidades de pensamiento que pudieran darse cuando se contrastan y enfrentan diversas  actitudes. Al menos eso pretendí,  y percibo que  las canas aparecidas en esa apasionante andadura están embebidas por igual de satisfacción y agradecimiento.

  1. Puntualizaciones previas

 

         En el fondo, esta ponencia es más que nada  una  reflexión sobre la Bioética, esa disciplina relativamente nueva  que surge a raíz de un artículo (1970) y un libro (1971) publicados por su pionero y difusor el profesor estadounidense Van Rensselaer Potter, y que todos los presentes conocen. Desde aquellas fechas la Bioética fue adquiriendo una dimensión interdisciplinar  determinada por las materias cada vez  más numerosas que  se adentran en ella o la  configuran  (ética, medicina, biología, derecho, filosofía, sociología, medio ambiente, etc.),  por lo  hoy entiendo  la  Bioética (del  griego: bios=vida y ethiké= moral) como  “la  disciplina que  se implica universalmente, desde diversos enfoques y  de forma comprometida   -y  a  ser  posible, anticipadamente-, en  todos los problemas que  se derivan o pueden  hacerlo de  las aplicaciones  de la  ciencia y  la tecnología  sobre  la vida  en general, y muy especialmente sobre  la vida  humana, con el  propósito de  ayudar a impedir su uso abusivo”; en suma, “la disciplina encargada del  análisis de los avances y utilización de las  ciencias y tecnologías,  para  proponer orientaciones  éticas aplicables  que los armonicen con el  respeto a  la dignidad  humana  y  a  la  protección y conservación del medio ambiente, las especies y la naturaleza”.

         Ciertamente la  Bioética es aún joven, hasta el punto  que debemos participar entre todos (a ello les animo, sin complejos) en la estructuración y  construcción progresiva de su edificio de  orientaciones teóricas y prácticas, cometido en el que aprendemos, sugerimos y la beneficiamos a ella y a  la sociedad si somos  capaces de  conducirnos sin lastres interesados; de ahí que convenga salir al paso de posibles conductas intransigentes -casi  fundamentalistas en  el amurallamiento de su territorio ético- y  las que  consideren fuera del mundo lo que no está en  las leyes, porque la Bioética no tendría nada que ver con las primeras ni se constriñe tan sólo a las  normas legales.

         Valgan seguidamente unas puntualizaciones previas con las que dar por justamente  ubicadas algunas cuestiones.

         Para empezar, este documento del Consejo de Europa que tratamos fue denominado Convención desde sus  inicios (del latín Conventio-onis: en inglés y francés Convention,  en alemán Konvention, en italiano Convenzione, etc.), como se puede verificar en  los  Informes o proyectos  oportunos que elaboré y defendí en esa Institución   desde 1987 hasta 1996, y otros.De modo que para  no apartarnos de la realidad objetiva y para evitar  confusiones  convendría no llamarle  Tratado y menos Acuerdo, aún cuando puedan identificarse analogías con  ellos. Así que, en definitiva, es una Convención (equivalente a Convenio) pensada en el orden internacional para ser plurilateralmente suscrita y aplicada por numerosos países.

         En segundo lugar, en tanto que testigo de excepción  que propuso su necesidad, conocedor de las razones que me llevaron a ello y ponente  durante los casi diez años que duró su elaboración, me atengo escrupulosamente a los hechos      afir-mando que los orígenes y fundamentos de la Convención son  genuinamente bioéticos,  o, lo que es lo mismo, que el  abordaje de los asuntos relacionados con la biomedicina está inequívocamente impregnado de  ese espíritu (como quedó plasmado en la Recomendación 1.160 relativa a la elaboración de una Convención de Bioética, y veremos  en  adelante).  Abundando  en esto, impulsé su elaboración en tanto que Presidente de la Subcomisión de Bioética y como Informador General sobre Bioética de la Asamblea Parlamentaria  del Consejo de Europa y su representante  en el CDBI (Comité Director para la Bioética), que jugó un notable papel en su redacción; así que la Convención fue posible con criterios y en órganos o comités del Consejo de Europa vinculados a lo bioético, parlamentarios o no. Hoy, con limitada  fortuna, su largo enunciado (propuesto   por mí sin redundancias como subtítulo en la enmienda nº 1, fs.16.44, de 14 de enero de 1993) se sintetiza   como “Convención sobre los Derechos humanos y la Biomedicina”, retomando la idea inicial que había sido abandonada,  por lo que, a mi modo de ver erróneamente, se  ha obviado  denominarla “Convención de Bioética”, tal y como reza en los documentos (Rapport o Avis) hasta  abril de 1996, cinco meses antes de su adopción por la Asamblea Parlamentaria, y en la Opinión nº 184  a probada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 2 de febrero de 1995.  En la realidad esta omisión no surte el efecto alguno, pues se la tiene  generalmente por  una  Convención de Bioética, algo tan  razonable que  no debiera suscitar reservas, pues aún  tratándose de un instrumento jurídico también  establece  actuaciones  que no son subsidiarias de esa deliberación y tratamiento, y, por  otro lado, porque si  lo legal y jurídico forman parte estructural de la disciplina Bioética  no es precisamente para  definirla en exclusividad  o anularla sino para complementarla.   

      Finalmente, y puesto que atendiendo  mi  petición se abrió a la firma en Asturias, resulta de una elemental naturalidad que sea conocida  como  la Convención de Asturias de Bioética (en correspondencia a mi intención primera,  refrendada públicamente por las máximas autoridades del Consejo de Europa), y  con el  subtítulo que ahora lleva como título.

  1. Breve recordatorio histórico

 

3.1. Antecedentes     

       Me limitaré a subrayar ciertos hechos  relacionados con  la Convención partiendo ante todo de mi vinculación directa a ella en tanto que miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una larga etapa en la que se sucedieron   infinidad de reuniones en lugares muy distintos -Francia,  Hungría, España, Checoslovaquia, Irlanda, Italia, Finlandia, Grecia, Portugal, Austria, Islandia, Malta, Turquía etc.-, Conferencias,  Symposia y debates, intercambios, presentación y discusión   de enmiendas etc.,  con el proyecto de Convención como  principal equipaje,  que  no es  factible  (ni  necesario)   detallar  en su  totalidad. 

         Por mi condición de  diputado en Cortes, en mayo del año 1.986 comencé mis actividades en  la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, formando parte de la Delegación Española en esa institución internacional. Estaba por entonces muy avanzado el Informe nº 5.615  que daría lugar (el 24.9.96) a la  Recomendación 1.046 relativa a la utilización de embriones y retos humanos con fines diagnósticos, terapéuticos, industriales y comerciales, al que presenté 17 enmiendas, que hubieron de ser incorporadas a un Informe de opinión del diputado Sr. Lluis Mª de Puig,  puesto que  yo  aún no tenía encomendado  ninguno. Después de tratar las enmiendas  con el ponente (Sr. Hasse, de Alemania) y de acuerdo con él, las defiendo  en la Comisión y en la Asamblea Parlamentaria, siendo  aprobadas 11 de ellas (de ese debate me llega inesperadamente  al pensamiento una anécdota muy instructiva, pues con tal número de enmiendas aceptadas, al  insistir yo en otra  un parlamentario laborista inglés  me susurró al oído: “No canse a su caballo, va ganando”,  así que  decidí  retirarla).

         A raíz de aquello (y por mandato de la Directiva 432 de la fecha antes citada) el 20.11.86 la Comisión de Ciencia y Tecnología me nombra ponente  “sobre el futuro de la investigación en embriología humana”, en suma, me encarga la elaboración del “Anteproyecto sobre investigación científica en embriones y fetos humanos”, que daría lugar, a lo largo de dos años, a los  documentos que  siguen.

        En el  documento AS/Science (39) 4, Parte I  (10 de julio de 1987), y en el  nº 5.943 consecuencia del anterior, aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología el 4 de mayo de 1988 y  publicado por el Consejo  de Europa el 13.9.98, en el apartado 19 C. recomiendo al Comité de Ministros “continuar con el estudio e inventario de todos los conocimientos relativos a la reproducción humana y a la biomedicina, y a suscitar una acción común de los Estados miembros del Consejo de Europa y a los que no forman parte para que, trascendiendo el marco puramente nacional, contribuyan a la elaboración de un instrumento jurídico común, tal como una Convención Europea sobre la biomedicina y la tecnología humana,  abierta a los Estados no  miembros de la Organización”. Era  la primera vez que se hacía una propuesta de Convención Global que habría de abarcar todos los aspectos relacionados con aquellas dispersas y diversificadas  materias (y no sólo  los relativos a los embriones, como se indicaba en la Recomendación 1.046),  señalando además que habría  de ser válida  en ámbitos y con efectos internacionales,  no sólo limitado a los países del Consejo de Europa, y por lo tanto que pudieran aceptar y hacer suya los países no miembros.   

         En  el Informe de opinión (nº 5792, de 1 de octubre de 1987) “sobre las actividades de la OCDE en  1986”  relativas a la  política científica y tecnológica, el parlamentario  francés Jean Pierre Fourré manifestaba: “En su Anteproyecto de Recomendación sobre el futuro de la embriología humana, nuestro colega y autor, M. Palacios, pide la elaboración de una Convención Internacional sobre la biomedicina y la biotecnología humana, obra que sin duda podría ser objeto de una cooperación entre la OCDE y el Consejo de Europa, como fue el caso en un pasado reciente en materia de protección de datos”. 

        También en su Informe  sobre las actividades de la OCDE, en este caso las de 1987 (Doc.  5947, de 26 de setiembre de 1988), la diputada alemana Leny Fischer (que años después sería Presidenta de la Asamblea Parlamentaria y asistiría a la solemne apertura a la firma de la Convención de Bioética en el Principado de Asturias) recordaba  que “en  el proyecto de Recomendación sobre la investigación científica  relativa al  embrión y al  feto humano” (nº  5943, ponente: M. Palacios) aprobado en mayo, la Comisión de Ciencia y Tecnología  pide la    elaboración de una  Convención internacional sobre la biomedicina y la biotecnología humana a la que podrían acceder los estados no miembros” ”, y reiteraba los términos y la cooperación planteados en el Informe del año anterior por el Sr. Fourré.      

        Tras su paso por Comisión de Ciencia y Tecnología y Plenario, y con las enmiendas adoptadas, el Informe 5.943 es aprobado por la Asamblea Parlamentaria, dando lugar a la Recomendación 1.100 (1989) relativa a la utilización de embriones y fetos humanos en la investigación científica, en la que se recoge la idea antedicha de  elaboración de una Convención sobre la Biomedicina y la Biotecnología, estableciéndose ade-más ciertos principios concernientes  a la salud y  genética, así como a la donación de órganos humanos y estructuras de los embriones y  fetos.

         La Secretaria General del Consejo de Europa, Katherine  Lalumiére, dio un  importante apoyo  a  esta  Convención  en  su intervención durante   la 17ª Conferencia de Ministros Europeos de Justicia  (celebrada en Estambul en junio de 1990). En aquel encuentro, los ministros aprobaron la Resolución Nº 3, en la que  expresaban  que “los derechos fundamentales de las personas pueden estar amenazados por el desarrollo de las ciencias biomédicas” y se pronunciaban por una Convención-marco, a la vez que  ponían de manifiesto su preferencia por un instrumento jurídico abierto a los países no miembros, lo que obviamente coincidía con lo sugerido desde finales de 1986 en mi esbozo del que sería el  anteproyecto de 10.7.87, y, posteriormente, en la Recomendación 1.100 del año 1989 antes citada.            

         Siguiendo  lo indicado en  la Resolución Nº 3 el Comité de Ministros encargó al entonces CAHBI (Comité ad hoc para la Bioética) examinar la posibilidad de elaborar una Convención marco con normas generales comunes. En el otoño de 1990 un grupo del Comité ad hoc puso en marcha  esos trabajos, con la  idea de señalar líneas de acción inmediata en relación con un número limitado de materias.

        Tras mi nombramiento como Ponente General para la Bioética y Representante de la Asamblea Parlamentaria, a   partir de diciembre de 1990 y hasta  mayo de 1996   tomé parte en las reuniones  del CAHBI (que  más tarde, en 1992, pasaría a ser el CDBI o Comité Director para la Bioética),  al que trasladé  mi contribución y  las opiniones de la  Comisión de Ciencia y Tecnología y de la Subcomisión de la Familia, la Sanidad y la Bioética (que presidí durante cinco años,  coincidiendo casi con la misma etapa). Desde el principio comprobé  las  reservas y escollos con que se topaba  el CAHBI  para alcanzar  una propuesta de Convención satisfactoria para todos sus miembros. Puse a la Comisión de Ciencia y Tecnología (y otras) al corriente de tales dificultades, y a fin de superarlas  fui encargado  por dicha Comisión de  preparar  un Anteproyecto sobre la elaboración de un modelo de Convención  de Bioética  que pudiera  llegar a buen término.

         Los días 14 a 16 marzo de 1991, a propuesta mía, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo de Europa se   reunió  en el Principado de Asturias (Oviedo y Gijón),  donde  el día 14   presenté y se debatió   el primer borrador (documento AS/Science (42) 15, de 20.2.91), que luego sería el Anteproyecto  AS/Science (43), 4, de 13.5.91 “sobre  la elaboración de una Convención de Bioética”. (He de manifestar que entonces arraigó en mí como posible la vieja idea por la que había porfiado para reunir la Comisión de Ciencia y Tecnología en Asturias: que si la Convención se plasmaba algún día en una realidad,  lo  argumentaría para  pedir que  la apertura a la firma tuviera lugar en Asturias, como felizmente ocurrió  seis años después). Este último documento fue presentado al CAHBI y aceptado por este (Estrasburgo, 24 de abril de 1991), y adoptado por unanimidad en la siguiente reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología (París, 27 de mayo de 1991) con el nº 6.449;  por último, fue definitiva y unánimemente aprobado el 28 de junio siguiente en Helsinki (Finlandia) por la Comisión Permanente del Consejo de Europa, actuando en nombre de la Asamblea Parlamentaria, y pasando a ser la  Recomendación 1.160 relativa a la elaboración de una Convención de Bioética. En ella, resumiendo,  se recomienda  al Comité de Ministros  considerar una Convención marco, con: a),  una parte general, texto principal o Convención propiamente dicha, que concierne al respeto de  los derechos humanos con relación a las aplicaciones de la biología y la medicina y sus tecnologías,  y, b), una parte específica con cinco protocolos adicionales sobre: donación y trasplante de órganos, investigación médica en el ser humano (incluida la utilización de estructuras embrionarias), tecnología genética y estudios sobre el genoma humano, uso de la información genética en medios distintos a los médicos, y la procreación artificial humana; además, autorizar y estimular al CAHBI a recurrir a todas las consultas que juzgare útiles en la elaboración del proyecto, como por ejemplo los representantes del Tercer Mundo, las organizaciones científicas, y en particular, las instituciones comunitarias, a la vez que a las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales especializadas; e igualmente,  someter el proyecto de Convención a la Asamblea con un Informe de opinión formal, antes de su adopción final.

        A partir de ahí, la dedicación del CAHBI y después del CDBI al proyecto de Convención fue continua y  meritoria; la mía, sin desmayo. Y aquí he de manifestar que mi permanente relación institucional  con estos Comités  estuvo caracterizada por la reciprocidad abierta, coincidentes ambos en la meta buscada -la Convención- y conscientes, en las  múltiples avenencias y en los ocasionales y hasta duros desacuerdos, de lo que cada cual representábamos, ellos a un Comité no parlamentario, yo, como representante de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

         El 2  de  febrero de 1995 se debatió en la Asamblea Parlamentaria mi Informe de opinión nº 7.210  sobre el Proyecto de Convención de Bioética, con determinadas enmiendas (entre ellas la que promoví conjuntamente  con los diputados  Daniel y Schwimmer, de retirada del primer apartado del artículo 15, sobre la investigación en embriones), y se acuerda reenviarlo al  Comité de Ministros para su revisión. Pese a esto, para mí fue un debate inolvidable y gratificante, entre otras razones por el convencimiento  de que la Convención  sería  una espléndida realidad a no tardar mucho.

        El último  Informe sobre la Convención de Bioética  en que consto de ponente o relator (As/Science, 6, de 17 de abril de 1996), se produce casi diez largos años después de iniciar esta tarea y andadura. Sería retomado como Informe Provisional nº 7622  (fechado a 19 de julio de 1996),  con  el  texto  sancionado por el CDBI el 7.6.96, por el parlamentario  M. Plattner (a quien de nuevo agradezco  de corazón  las  amables   palabras que me dedicó en el mismo), y aprobado por la Asamblea Parlamentaria  el 26 de setiembre de 1996.

         Finalmente, el 19 de noviembre de 1996 el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó la Convención. Fue para mí una fecha de indescriptible y contenida emoción, como lo sería un mes mas tarde  la aprobación  de  su apertura a la firma en Asturias, como yo había pedido.

3.2  Algunos incidentes

        Sorprendería que un trabajo de tal complejidad y  duración  transcurriera por senderos  fáciles y pacíficos, que no fue el caso, pero no cuesta demasiado  encerrar los  pasajes incómodos y los errores -los míos en primer lugar-  en un desván de la memoria  que  solo  evoco excepcionalmente,  dando vía libre únicamente a los que reconfortan;  lo que no significa, ya lo expresé otras veces, que olvide la valiosa escuela  de  aprendizaje y maduración que suponen los negativos.

         Durante casi un decenio desde que propuse la Convención hasta su aprobación definitiva, y en particular durante la fase de elaboración  no faltaron las tensiones, las escaramuzas desagradables ni tampoco las polémicas, a veces justificadas y otras impropiamente suscitadas o interesadamente sazonadas.

         La trayectoria  del  documento nº 5943,  iniciado en 1987 y en el que yo expresaba la necesidad de elaborar una Convención sobre la biomedicina y sus tecnologías, no fue ajena a dificultades exógenas. Me viene a la mente la presentación por  un  diputado  de un Informe (el nº 5996) al efecto que  copiaba el  mío 5943 en su casi totalidad, como se reconoce a pié de portada. La sorpresa fue tan grande como  enérgica mi protesta, con  traslado por escrito a la  Comisión de Ciencia y Tecnología  de lo que estimé un expolio  intolerable.  El suceso   lleva  al Presidente del Consejo de Europa, Sr. Yung, a convocar una reunión conjunta en París para dar una salida a la situación creada, que acabó sin el resultado plenamente apetecido  desde las  expectativas que tuve por justas.

         La inclusión en el anteproyecto de Convención  del término  “incapaces” (handicapped, handicapé, behinderte) alarmó a numerosas asociaciones de minusválidos o con ellas relacionados y a determinadas formaciones políticas y  motivó lógicos temores y rotundas quejas. El equívoco fue aclarado, y el tér-mino,  naturalmente, retirado del documento. También se manifestaron en  contra ciertas congregaciones  religiosas; y al efecto,  resulta llamativo que en el  apartado 2. del documento “Observaciones de la Santa Sede sobre la Convención de Bioética” (copia confidencial  enviada el  29.9.94, que llegó a mi poder) cursado a los obispos de las diócesis europeas a indicación del Cardenal Angelo Sodano, de la Secretaría de Estado de aquella, para que lo transmitan a los delegados de su ámbito en Estrasburgo ante  el debate de la Convención, se afirma “que los redactores (de la Convención) han identificado bien los grandes principios: c) la exigencia de consentimiento de la persona concernida, con la previsión de garantías para la persona incapaz o afectada de enfermedades mentales”.

         Sobre las actitudes de abstención o rechazo a la Convención por  los parlamentarios alemanes u otros en el Consejo de Europa o fuera de él (Alemania y Bélgica o Polonia,  por ejemplo, en la votación del Comité de Ministros), no siempre se argumenta con conocimiento de causa ni se profundiza -con-tribuyendo así a la confusión- en las razones históricas, de oportunidad legislativa o políticas nacionales, así como religiosas  que respectivamente pudieron influirlas.  

         En la reunión del CAHBI de 26.11.92 se distribuyeron algunos documentos  sin numeración, fecha  ni firma: uno relativo a la Convención Europea de  Bioética;  y  otro  mencionado como “Proyecto bioético”, en el que se  pasaba en silencio sobre la importante tarea histórica del Consejo de Europa sobre la Bioética, al que respondo directamente con estupor y rechazo y con una Nota de 30.11.92 a  las Comisiones a que pertenezco, dado que hablar de un Proyecto bioético a partir de 1992  cuando el Consejo de Europa llevaba trabajando estas cuestiones desde 1976, era, cuando menos, manipulador y descabellado, y tenía el agravante,  según escribí,  “de que en las acciones de dirección de ese Proyecto bioético (¿) no habrá ninguna participación política, es decir, de los parlamentarios, de las Comisiones o de la misma Asamblea Parlamentaria, ya que  han sido encargadas, tal y como parece,  a las Divisiones o Direcciones de la institución o a personas extraparlamentarias”. Aunque el documento fue  enviado a los domicilios de los parlamentarios por el flamante Consejero Especial para la Bioética de la Secretaria General, se nos comunica en la reunión de la Subcomisión de Bioética que presidí (celebrada  en Trieste, Italia, en el Instituto de Derechos Humanos, 4.12.92, a invitación del profesor Guido Gerin)  que son documentos de  uso interno, y ante el malestar desatado se me encarga de modificarlo como considere. Así  ocurre, y  remito el nuevo  al Presidente del CDBI y al Consejero General para su discusión en la Reunión  de Comités Nacionales de Ética  del Centro y Este de Europa (Budapest, 11-12 diciembre 1992). Al final, todo quedó en nada.        

         Al hilo de esto y de mi constante demanda de definición escrupulosa de funciones con respeto a la de los Parlamentarios,  intervienen  algunos Presidentes de Comisión, y el 1.2.93 tiene lugar una reunión en el despacho de la Secretaria General del Consejo de Europa, Sra. Lalumière, con sus colaboradores y miembros del secretariado, en la que se muestra muy sensible a  la defensa del trabajo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en materia de bioética.  Para ese  mismo día se había convocado una Audición con la presencia  de los Presidentes de  las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Asuntos Sociales, de la Salud y la Familia, y de Asuntos Jurídicos,  así como el CDBI y otros, en la que la   Secretaria General reafirmaría que los trabajos en Bioética de la Asamblea Parlamentaria no pueden quedar olvidados ni ser suplantados,   señalando a su vez claramente las funciones del CDBI en tanto que Comité de expertos y técnicos.

   

3.3. Petición de apertura a la firma en el Principado de Asturias

 

         En el año 1994, en el parágrafo 26  de la Exposición de motivos de varios Informes de opinión correlativos (tales como AS/Science, 1994, números 11,  19 y 20; y    doc. 7.156) sobre el Proyecto de Convención de Bioética  (doc. 7.124), así como en el ultimo de estos Informes (nº 7.210, de 12 de enero de 1995, parágrafo 18) “propuse  que  la firma de la Convención de Bioética tuviera lugar en el Principado de Asturias, puesto que el esquema de la Convención había sido presentado por primera vez en esta región de España  y en  la Comisión de Ciencia y Tecnología, manteniendo la esperanza de que la Asamblea Parlamentaria  aprobara esta proposición”.

        También desde mediados de 1994  me dirigí a miembros  del Gobierno español para que solicitaran formalmente  que en su día  la apertura a  la firma de la Convención  tuviera lugar en   Asturias. El  ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana (como anteriormente el de Educación y Ciencia, Sr. Rubalcaba), fue muy receptivo a  mi  petición,  y su Ministerio la traslada  el 16.11.94 a  D. Emilio Artacho, Embajador Representante Permanente de España  ante  el Consejo de Europa,  a la vez que en mismo día y desde la Dirección General de Política Exterior para Europa  se  me ponía por escrito en  conocimiento de ello. Sigue la petición formal del Embajador  (5.12.94) al  Secretario General del Consejo de Europa, Sr. Tarschys, quien responde poco después (12.12.94) manifestando su intención de  trasladarla en su momento al Comité de Ministros, al que corresponde tomar la  decisión. Como ocurrió, para nuestro contento, y espero que general, el 19.12.96, un mes después de que el Comité de Ministros adoptara definitivamente la Convención. (Nota: sobre los apoyos del Gobierno  del Sr. Aznar  a la petición, que no dudo han realizado, no tengo constancia escrita).

  1. Características

 

        Con un Preámbulo (de 17 considerandos, convicciones, afirmandos,  etc.),  XIV Capítulos y 38 Artículos, entre las características de este trascendental documento, destacan: 1), establece principios dirigidos   a la protección de los derechos humanos en cuanto a las aplicaciones biomédicas y desde el respeto a la dignidad, identidad e integridad de los individuos sin discriminación alguna,  y resalta “la primacía  del ser humano”, de modo que “su  interés y su  bien deben  prevalecer sobre el único interés  de la sociedad  o  la ciencia”; 2),  su alcance es mundial, no solo europeo, y por lo tanto está abierto a todos los Estados de  la Tierra, con las condiciones establecidas para ser Parte; 3), tiene la forma jurídica de una Convención, lo que significa que es obligatorio para los Estados que lo hayan firmado o ratificado, aprobado o aceptado, y en lo que haya entrado en vigencia;  es, pues,  un documento  vinculante de especial relieve, que permitirá ir produciendo legislaciones sobre estas materias en los países que carecen de ellas, acomodar a sus  principios  las ya  existentes  y armonizar  sus contenidos,  propiciando progresivamente  el  logro de  un basamento legal homogéneo y supranacional; 4), se trata de una Convención-marco, con una Parte general o Convención propiamente dicha, cuyas materias específicas se desarrollarán en Protocolos concretos (el Protocolo  “sobre la prohibición de  la clonación  de seres humanos”  -abierto a la firma en París, el 12.1.1998- fue el primero, y le seguirán otros sobre la reproducción asistida, el estatuto del embrión, la tecnología genética, la investigación-experimentación en el ser humano, etc.); 5), plantea  la  necesidad (artículo 28) de que ”las cuestiones fundamentales suscitadas por los desarrollos de la biología y la medicina  sean objeto de un  debate público   apropiado, a la luz, en particular, de las implicaciones médicas, sociales, eco-nómicas, éticas y  jurídicas pertinentes”; 6), deberá ser examinada, y si fuera el caso,  modificada,  pues según lo establecido en su artículo 32. 4. “a fin de tener en cuenta las evoluciones científicas, la presente Convención será objeto de un examen en el seno del Comité en un plazo máximo de cinco años después de su entrada en vigor, y. seguidamente, en los intervalos que el Comité podrá determinar” (nota: el apartado 1. de este artículo, se refiere al   CDBI o a otro Comité designado a este y otros fines por el Comité de Ministros),  de modo que  establece  sus propios  y  obligatorios   mecanismos  de revitalización y puesta al día, en razón al avance científico y sus implicaciones, adaptándose  a  tales cambios y problemáticas; 7),  y  para cerrar este   resumen incompleto,  entrará  en vigor en cada Parte (artículo 33.2. y 3.) en los plazos y con los requisitos establecidos, “una vez que cinco  Estados, incluyendo al menos cuatro Estados miembros del Consejo de Europa, ha-yan expresado su consentimiento a estar vinculados a la Convención una vez depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa los instrumentos de ratificación, de aceptación o  de aprobación”. 

  1. Comentarios a la Convención

 

         Documento consensuado

         La Convención de Asturias  es  un producto del  consenso, acción conjunta en el que todos ceden algo para que gane el producto resultante, y, en última instancia, para que se beneficie la sociedad, su principal destinataria.  Algunas de mis propuestas también quedaron en el camino, y las recuerdo aquí sin ser exhaustivo.   

         Como toda obra humana, surgida  además de la  voluntad  consensuada, ese magnifico documento que  es la Convención   puede y debe ser mejorado.

         Contenidos y referencias

         Sus  partes  relativas a  biología y la medicina ponen ciertamente más énfasis en la última, y como puede demostrarse  reflejan y actualizan  los trabajos de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros  o los Comités ad hoc, iniciados ya en 1976 con la Recomendación 779 y la Resolución 613, relativas a los derechos de los enfermos y los moribundos, y un año después con la Recomendación 818 sobre la situación de los enfermos mentales, a las que siguieron muchos otros, algunos ya citados aquí. Así era de esperar,  habida cuenta del valioso trabajo de muchos años sobre cuestiones bioéticas en  el Consejo de Europa.

         Comparación  con el documento previo (febrero 1.995)

         Son novedades de interés:

         - Han sido incorporadas  al  texto algunas cuestiones relativas al enunciado o articulado que habían sido retiradas en una u otra ocasión (el propio subtítulo;  la naturaleza, fines, beneficios y riesgos de las intervenciones; rehusar la intervención iniciada; consentimiento por escrito, etc.), y las variaciones adoptadas por la Asamblea  (a los antiguos artículos 4,  5, 6) y  hay que   felicitarse  por ello.

         - Las inclusiones  formuladas en los  artículos 12, 13, 14, 16, 17,19 y 20 (en el apartado 2. de éste último puse especial  empeño en el debate en la Asamblea de febrero de 1995, hasta el punto que consideré la Convención mutilada si se retiraba).

         Aportación critica

         - En el artículo 4, las reglas de conducta deberían  referirse también a la biodiversidad y el medio ambiente, pues las actuaciones sanitarias (y biológicas) pueden influir sobre ellos negativamente.

         - En algunos capítulos, en mi criterio se repite innecesariamente  lo establecido previamente con carácter general (es el caso del artículo 5 sobre el consentimiento, algunos de  cuyos postulados se reiteran en los incapaces de consentir,  o los derechos a la no discriminación y a la información, por ejemplo). Hubiera bastado con  remitir al artículo 5, con los matices a cada caso.

         - La  frase el tercer párrafo del artículo 5  “retirar libremente el consentimiento en cualquier momento”, es una manifestación de voluntad que en algunos casos no podrá llevarse a la práctica (con un anestesiado, por ejemplo), por lo que sería procedente añadir previo a la intervención; y en otros, podría poner en peligro la salud o vida del intervenido (ver  el primer párrafo a las consideraciones sobre el artículo 9)

        - El  artículo 6.3. hace referencia a un handicap mental sin   especificar si es leve o grave, y el artículo 7 se refiere a un trastorno mental grave, dejando en el aire que el consentimiento tutelado (salvo en las situaciones de urgencia expresadas) pueda llevarse a cabo en cualquier enfermedad  mental. Debe-ría  recogerse todo en el artículo 7,  y concretar  el  diagnóstico,

         - El artículo 9 debería completarse  así: salvo  que  en el transcurso de la intervención  se arriesgue gravemente su salud o su vida. Por otra parte,  habría de aclararse si el   texto  abarca la eutanasia: por ejemplo, si debe respetarse la petición de un paciente  para que de   hallársele un tumor maligno   sin otras expectativas  que la muerte con grandes sufrimientos  y dependiendo de máquinas, se le practique la eutanasia.

         - Respecto al artículo  13,  la contradicción está en que si se autoriza   una intervención sobre el genoma humano con fines terapéuticos, no puede añadirse “solamente si no tiene por finalidad una modificación en el genoma de la descendencia”; lo correcto sería  “en el genoma no patológico de la descendencia”.

         -  En los artículos 15 a 17  no se hace distinción entre la investigación simple y la terapéutica; referencia a ensayos clínicos, doble ciego, placebo,  etc., lo que hubiere convenido, pese a que la investigación científica en biomedicina “se ejerce libremente”, como  se establece en el artículo 15. (ver Real Decreto español nº 5617, de 16 de abril,  publicado BOE nº 114 de 13 de mayo de 1993).

        El artículo 16, en su parágrafo ii) abre vías peligrosas, pues si los beneficios potenciales son muy elevados  no hay desproporción  en que  también lo sean los riesgos, lo cual resultaría abusivo, contrario a  lo que establece el artículo 2 (“el interés y el bien del ser humano deben prevalecer sobre el único interés de la sociedad o la ciencia”) y  desigual  a lo establecido en artículo 17.2.ii) para los incapaces de consentir siendo así que en ambos casos son personas que merecen igual respeto. 

         En el artículo 17.1.v) debería añadirse: cuando tenga capacidad para hacerlo; en otro caso podría estar indefenso ante la intervención.   

          - En cuanto  al parágrafo 1. del artículo 18, y con independencia de que a mi entender esté trastocado el orden, no mejora el texto debatido en febrero de 1995 (entonces, artículo 15.1.: “cuando esté admitida por la ley, la investigación sobre los embriones in vitro no puede ser autorizada más que en los embriones que no se hayan desarrollado más allá de 14 días”), más bien lo complica,  pues aquello aportaba un elemento a los estatutos biológico, ético y jurídico del embrión. Como se recordará, a propuesta mía se presentó una enmienda (la nº 12,  de 1.2.95, firmada conjuntamente con los Srs. Daniel y Schwimmer) forzada por las circunstancias, con la que “se retiraba lo referente a prohibir el mantenimiento de los embriones in vitro   más allá de 14 días  después de la fecundación”, tal y como había sido aprobado por la Asamblea Parlamentaria el 24.9.96 en su “Recomendación 1.046 relativa a la utilización de embriones y fetos humanos con fines diagnósticos, terapéuticos, científicos, industriales y comerciales”, en el apartado 14.A iv (y   según mi  enmienda  nº 25, de 18.9.86).

         En cualquier caso, a la vista de las posibilidades científicas actuales -por ejemplo la  transferencia de núcleos de células diferenciadas a un ovocito desnucleado (resultante = nuclóvulo, según mi denominación de esta célula nueva), para facilitar su desarrollo con fines no reproductivos- merece ser considerada la creación de nuclóvulos para investigar y originar líneas celulares o tejidos para transplantes. Por otra parte, debería autorizarse la investigación, etc., en preembriones no viables que fueron causados para procrear, ya que estos no sirven para  ese fin.

         - En el Capítulo VI, artículos 19 y 20, solo se hace referencia  a la extracción de órganos y tejidos de donantes vivos con fines de trasplantes. La pregunta es ¿por qué no se hace referencia a la extracción en los cadáveres? ¿Se soluciona con  el artículo 22?. Es una omisión que habría de ser corregida.

         - Al artículo 20.2.iv)  propongo igual añadido que al artículo 17.1.v).

         - En cuanto al artículo 21 (prohibición de lucro), habría de aclararse si se incluyen las faneras (uñas, pelo) y la placenta, etc.

        - En el artículo 26.1. debería incluirse lo siguiente: para la protección de la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente. No hay que olvidar que  también se trata de una Convención sobre la biología.

         - De los artículos 28 a  38  subrayaría  lo relacionado con  la enmienda  de la Asamblea en que se basa el artículo 29 (Interpretación de la Convención), si bien con matices ahora  de opinión consultiva para  el Tribunal  Europeo de Derechos del Hombre, si le es solicitada por los Gobiernos o el Comité  instituido según el artículo 32.  

         - Los mecanismos de examen de la Convención y su eventual revisión,  como  se contempla en  el artículo 32.4, son muy oportunos, aunque tengo grandes reservas a que ese cometido pueda llevarlo a cabo satisfactoriamente  el CDBI (artículo 32.1). En el caso  de que se nombre para ello otro Comité, habría de valorarse concienzudamente su composición y garantizar su independencia.

          De todos modos, sigo opinando que esta tarea debería ser encargada al Tribunal  de Derechos del Hombre.

          - En el artículo 34.1, la adhesión a la Convención de otros Estados no miembros del Consejo de Europa, en vez de “por unanimidad de votos”   habría de ser por mayoría de votos de los representantes de los Estados contratantes que tengan el derecho de pertenecer al Comité de Ministros.

        -  Falta una referencia expresa en el articulado a que una   persona pueda  acudir directamente a los tribunales por incumplimiento de la Convención.

        - La prohibición de la clonación de seres humanos no se recoge  en la Convención, pese a que la   Asamblea Parlamentaria, y  por mi enmienda  nº 25 antes  citada, la había adoptado entre las prohibiciones del  apartado 14.A.iv. de la Recomendación 1.046 del año 1986, en el que “Recomienda al Comité de Ministros prohibir todo lo que se podría definir como manipulaciones o desviaciones no deseables de las técnicas,  entre otras: la creación de seres humanos idénticos por clonación o por otros métodos, con fines o no de selección de la raza”. Cuando presenté la Convención en público (en Gijón,  diciembre de 1996), entre otras razones porque nadie lo hacía en la región donde se abriría a la firma, manifesté esa carencia y anuncié que propondría al Gobierno cursara los tramites precisos para corregirla. No fue preciso, ya que la Presidenta del Consejo de Europa puso en marcha el proceso de elaboración del Protocolo contra la clonación de seres humanos  (ya mencionado y abierto a la firma en París el 12 de enero de 1998).

  1. Ratificación por las Cortes Españolas

        En noviembre de 1998 la Convención de Asturias de Bioética había sido ratificada por Grecia, San Marino, Eslovenia, Dinamarca y Eslovaquia, pero no por España,  por lo que, en mi condición de Presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y en nombre también de sus miembros españoles, el  día 9 de  noviembre de 1998 dirigí sendos escritos a los Presidentes del Gobierno y del Congreso de los Diputados (solicitando su comunicación a los Grupos Parlamentarios) para que cuanto antes se pusieran en marcha los trámites precisos para que España presentara el instrumento de ratificación establecido, ya que, dada la decisiva actuación de la representación española en la elaboración de la Convención, y en el logro excepcional de su apertura a la firma en el Principado de Asturias, nuestra nación no debía rezagarse más en su incorporación a nuestro ordenamiento legal y jurídico. Supongo que surtió efectos positivos, pues en la  sesión plenaria de 29 de mayo de 1999 el Congreso aprobó por unanimidad la ratificación, y en el mes de setiembre el Gobierno presentó ante el Secretario General del Consejo de Europa  la documentación oportuna.  Así que, satisfecho  ya  ese  trámite y habiendo transcurrido los tres meses  preceptivos, la  Convención  de Asturias de Bioética  esta  vigente en España  desde el comienzo del año 2.000.

        Por lo demás, es  objetivo  y  grato  confirmar que algunos de los principios de la Convención de Asturias de Bioética   muestren similitud  con  los de  las bioleyes  españolas, entre otras la Lay General  de Sanidad, la Ley 35/88 sobre  Técnicas de reproducción asistida,  la Ley la 42/88 que incluye la tecnología genética, y  con  ciertos artículos del Código  Penal.

  1. Conclusiones

    La Convención de Asturias de Bioética  es  síntesis y actualización de una densa tarea del Consejo de Europa que se remonta  a 1979 (tanto en su Asamblea Parlamentaria como en las comisiones  concernidas, en la Subcomisión  y en el Comité  Director de  Bioética), y empieza a  tomar cuerpo  tras mi propuesta de 1986-87 sobre su creación en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

        Con  la  Convención  se ha dado un  paso  crucial en defensa  del  colectivo humano y el mundo en que vivimos. Fue un  primer paso decisivo,  pero no puede recrearse en el  proceder autocomplaciente que es a menudo la antesala del olvido o la indiferencia.

         La Convención no  es un conjunto de postulados rígidos e invariables, y por sí misma (artículo 32.4) propone su  puesta al día cuando los derroteros de la biología y la medicina así lo  exijan.  En cualquier caso, todavía es un árbol  tierno  que hay que  abonar y fortalecer  para  que  la Humanidad, sin exclusiones,  se beneficie de  sus frutos.  En este sentido ha de procurarse que alcance una auténtica universalidad,  meta  que ya puse de manifiesto en la 93  Conferencia de la Unión Interparlamentaria (UIP) -celebrada en 1995 en Madrid con unos 1.300 representantes de 176 países- como ponente de la  Resolución   “La Bioética: un reto internacional para la protección de los derechos humanos”,  con   la enmienda  que reza  “la UIP propone que, una vez entrada en vigor la Convención de Bioética (Consejo de Europa) los Estados no miembros del Consejo de Europa, en el mayor número posible, tengan la posibilidad de adherirse a la Convención, dándole así un carácter universal”, que fue adoptada con una  sola abstención.     

         El Congreso Mundial de Bioética  que estamos celebrando  contribuirá  a ese  conocimiento sin fronteras de la Convención, y, a la vez, a que un documento de tal dimensión siga vinculado a perpetuidad a Gijón y Asturias, desde donde se ha  contribuido esencialmente  a su elaboración.

* * * * * *

         Como ya dije en otras ocasiones, cuando uno ha vivido plenamente un proyecto  de esta  envergadura y asiste a su culminación tras largos años, al  percibir que no  desea  retener  más que  las vivencias  constructivas y el  esfuerzo  cooperativo de muchos, se siente  íntimamente bien.

         Ha sido una experiencia  inusual, intensa y compartida, razones por las que, una vez más, vaya mi  agradecimiento a cuantos en los ámbitos  políticos y sociales contribuyeron con su trabajo honesto y riguroso a que esta Convención, tenida por relevantes personalidades como entre las cinco más importantes adoptadas hasta ahora, haya llegado a ser  una realidad   universal de indudable importancia y utilidad común.

         En el Informe de opinión (nº 7.210) sobre la Convención de Bioética que se debatió el 2.2.95,  manifesté mi mas profundo agradecimiento a cuantos durante tantos años alentaron  mi trabajo  y  me otorgaron  la impagable confianza  de elaborar el Informe sobre la Convención de Bioética, me concedieron la Presidencia de  la Subcomisión de Bioética y  me nombraron  Representante General para la Bioética de la Asamblea Parlamentaria, así como a  numerosos colaboradores. 

        Permítaseme, una vez más,  representar en ellos y atribuir a unos y otros  la competencia y lealtad sin ligaduras de Baris Perin, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología;  y recordar:  las valiosas indicaciones de  los Srs. Lenzer y Bassinet, Presidentes de dicha Comisión;  la defensa de la que sería  Recomendación 1.100  por el Sr. Sartri (Presidente del Grupo. Parlamentario Conservador) en circunstancias  difíciles para él y su Grupo; la amistad crítica  del Sr. Foschi, Presidente de la  Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales;  el rigor  intelectual y la concienzuda labor  de Jean Michaud (miembro, y luego Presidente del CDBI); la prudente neutralidad y la tolerancia de Paula Kokkonen, en su día Presidenta del CAHBI;  la disposición  de Javier Fernández Vallina (hoy Consejero de Educación y Cultura en nuestra región)  en  trasladar en 1994 mis peticiones al Gobierno español para que la apertura  a la firma de la Convención tuviera lugar en el Principado de Asturias; el  papel  de Carlos de Sola  en tanto que responsable del CAHBI-CDBI; y  la discreta y eficaz contribución de Leny Fisher y Daniel Tarschys (Presidenta y Secretario General respectivamente del Consejo de Europa), por lo que la Corporación del Ayuntamiento de Gijón les  ofreció un cariñoso homenaje el 3.4.97. Algunos  de los citados están  presentes  en  este I Congreso Mundial de Bioética de la SIBI, otros no, y me  honro  al    expresarles a todos mi consideración y sincero afecto.